Una escisión del tiempo: Demolición del patrimonio edilicio en Buenos Aires

Una escisión del tiempo: Demolición del patrimonio edilicio en Buenos Aires
Por Guillermo Tella para Plataforma Urbana

Por Dr. Arq. Guillermo Tella, Doctor en Urbanismo y Arq. Gustavo Diéguez

La reciente demolición del bar O’ Rondeman en el barrio de Abasto de la Ciudad de Buenos Aires constituye un caso testigo que encierra problemáticas cruzadas. El interés se centra en la puesta en escena de situaciones de tensión instaladas y que ponen en evidencia la complejidad de la problemática abordada en la que conviven diferentes intereses en pugna. Preservar el patrimonio cultural o abrir paso al desarrollo inmobiliario representan los paradigmas que se discuten y en esa puja los diferentes actores toman posición y accionan en consecuencia, con manifestaciones territoriales concretas que impactan sobre el carácter público del espacio.

Un bar protegido y aún así… demolido

En el salón del bar O´Rondeman, Carlos Gardel se inició como intérprete. Allí conformó su dúo junto a José Razzano. Sus habitaciones de la planta alta alojaron a artistas diversos desde la década del ´10. El edificio había sido protegido al igual que los lotes anexos al antiguo Mercado del Abasto en un polígono que conformaba una de las tantas áreas de protección histórica que la ciudad posee, cada vez en mayor número.

Repentinamente, una reglamentación que no tuvo mayor difusión pública dictaminó la desafectación de la protección histórica a todos los inmuebles de la mencionada área. Un par de meses después, el edificio histórico ya no estaba en pie. Es entonces cuando se pone de manifiesto la interrogación acerca del rol de las áreas urbanas, su cumplimiento y las prerrogativas institucionales para su modificación.

La presión ejercida por los desarrolladores inmobiliarios para este tipo de situaciones se vale del grado de “perjuicio” al que se sienten sometidos los propietarios de inmuebles afectados por la protección patrimonial, sin contemplar ni poner en juego a la ecuación que articula estratégica y económicamente a los bienes patrimoniales. Un grupo numeroso de entidades públicas y privadas locales comenzó desde aquel desafortunado hecho una campaña de difusión, concientización y acción ciudadana para revertir la situación.

En ese momento no hubo respuesta. En la actualidad, las autoridades se comprometieron a volver atrás la medida tomada. El área volverá a estar protegida. Sin embargo este episodio acerca muchas preguntas y aporta datos para una reflexión sobre el presente y el futuro de los bienes patrimoniales de la ciudad en función de la participación pública en el desarrollo urbano.

Los últimos meses del bar O’Rondeman

El ejemplo citado parece ajustarse a las condiciones narrativas de un relato literario clásico. Es una historia que resume el posible proceso biológico de aquellas obras y construcciones urbanas que guardan valores memorables. El caso condensa todas las etapas del “ciclo vital”, muchas de las cuales se han precipitado en cuestión de días: 1) construcción, 2) vigencia, 3) olvido, 4) abandono, 5) ruina, 6) reconsideración mítica, 7) ocupación precaria, definición en la normativa urbana como área de protección histórica, 9) desafectación de la protección patrimonial, 10) demolición, 11) construcción de obra nueva en el lote, 12) protesta vecinal y 13) supuesta re-afectación como área de protección histórica.

Sin embargo, y lejos de considerar este relato como una historia completa y finalizada, es necesario situarse en cada una de las etapas del ciclo para observar en el interior de la contingencia temporal las diferentes decisiones y omisiones. De la etapa 1 a la 7 trascurrieron cien años. Durante el 2003 se incluyó a las nuevas áreas de protección históricas de la Ciudad de Buenos Aires. Entre la etapa 9 y la 13 pasaron solo seis meses.

Sin lugar a dudas, aquella fase del proceso enumerado que queda más expuesta -por su violencia práctica y por las consecuencias visibles-, es la decisión política del retiro de la protección histórica que desencadenara esos seis meses de episodios sucesivos. Una decisión de tal naturaleza sólo puede ocurrir ante un interés o mecanismo de presión concreto.

La disposición dictada deberá considerarse como un hecho accidental si es que se quiere llegar hasta alguna cuestión de fondo. En ese caso, el primer aspecto estructural que surge es el relacionado con el nivel de representatividad de las decisiones de acción urbana y el grado de participación de la ciudadanía en la concepción de la imagen de la ciudad como construcción colectiva.

La reflexión sobre cambios normativos en una ciudad dinámica como Buenos Aires aparece como una oportunidad para la participación ciudadana, pero sólo si el tema se instala como una necesidad; si se constituye realmente como de interés para la sociedad la producción de canales de discusión acerca de la apropiación colectiva de los temas referidos a las formas urbanas, su apariencia y su dialéctica con lo funcional; si el ciudadano puede incorporarse a estos temas de política urbana. Es necesario asegurar que esta no parece ser una conducta de carácter espontáneo.

El ejemplo de las divergencias en la conceptualización acerca del modelo de ciudad posible puede comprobarse en una anécdota clara que ocurre dentro de las mismas dependencias de gobierno que, por definición, se propone llevar adelante una política urbana con unidad de sentido.

A varios meses de la demolición estos datos aún conviven en el mismo espacio de difusión de las acciones de gobierno. Resulta oportuno reconocer al Código de Planeamiento Urbano como la herramienta que hoy permite condensar una imagen de ciudad a partir de la forma edificada. Si bien en la actualidad es el elemento más preciso en términos de una discusión sobre la ciudad, no ha sido una pieza inalterable sino que fue incorporando modificaciones para las diferentes áreas.

Sin embargo, depositario y contenedor de teorías urbanas y de un modelo urbano, a la vez no alcanza -por su mismo carácter técnico y normativo- a ser considerado una herramienta pública para la construcción colectiva sino como una herramienta de la esfera privada para el desarrollo inmobiliario, que actúa en tensión permanente con aquellas definiciones más próximas al patrimonio público como las áreas de protección histórica.

También es preciso señalar que si bien la normativa y las dependencias administrativas y de ejecución llevan adelante, cada vez más rigurosamente, una tarea instrumental de ordenamiento en función de la construcción del conjunto general de las manzanas a partir del lote, no son institutos implementados para actuar como un monitor didáctico para la ciudadanía, como una herramienta de información pública de la imagen de la ciudad en su conjunto y menos aún como un elemento de comunicación que dé cuenta de los procesos urbanos y sus transformaciones.

Lo que ciertamente deja este Código como indicio para interpretar el rol ciudadano en temas específicos del patrimonio edificado es la alternativa del ejercicio colectivo a través de la presentación de iniciativas propuestas por entidades representativas y organizaciones vecinales activas. Las acciones de organización civil y demás experiencias sociales surgidas a partir de la crisis institucional del 2001 han sembrado un camino de reflexión acerca de las verdaderas preocupaciones ciudadanas y la capacidad de organización por fuera de la esfera estatal.

Los primeros cien años del bar gardeliano